Prats

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También las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, contienen elementos dudosos y contradictorios de una eventual conexión con la Junta Militar chilena.

Sobre el asesinato, Pinochet refirió: "No fui yo quien lo envió fuera de Chile; esa fue una resolución propia de él. Ahora bien, yo sabía que al general lo estaban molestando. Lo llamaban por teléfono en las noches para insultarlo y amenazarlo" "Por ello le mandé un mensajero para hacerle saber que yo estaba dispuesto a ayudarlo en lo que él quisiera" "Cuando recibió el mensaje respondió diciéndome que lo mejor sería irse a la Argentina, porque había sido agregado militar allá y tenía muchos amigos en ese país" "¡Sepa Dios quién lo mató! Eso me gustaría aclararlo por muchas razones" "Siempre repiten lo mismo, que la DINA es culpable" "Sin embargo, yo no tengo mayores antecedentes. En todo caso, pienso que la muerte de Prats fue algo vil y perverso".[49]

Se confirmó, además, que el mismo Michael Townley, con el seudónimo de Kenneth Enyart, había sido el autor material del atentado. A continuación (como ya fue referido sobre el caso Letelier) le dieron la extradición a Estados Unidos, donde fue puesto bajo la protección del FBI.[50]

De esta manera quedó protegido el buen Townley, depositario de mil secretos, que no pudo ser restituido a Chile por la justicia estadounidense, ni siquiera después de un pedido formal. Al punto de permitirse contar, seguro de su propia inmunidad, cómo y por qué había mantenido bajo vigilancia la habitación de Prats, cómo había entrado en el garaje y colocado la bomba construida por él mismo. No era su deseo eso sí, dijo, el de asesinar a la esposa de Prats, Sofía Cuthbert.

Además de Townley, fueron también investigados por la justicia argentina el jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Eduardo Iturriaga Neumann y los ex agentes de la DINA Enrique Arancibia y José Zara Holger. Se trataba de personas que, entre cientos de declaraciones contradictorias, podían haber tenido parte en el atentado, pero a quienes era imposible acusar con seguridad.[51]

En junio de 2000, con una decisión juzgada por muchos como sorprendente, la jueza argentina María Servini de Cubría (que tenía encarcelado en Buenos Aires a Enrique Arancibia) ordenó la excarcelación de Juan Martín Siga Correa, otro agente de la DINA, que estaba arrestado desde hacía algún tiempo. Los motivos de aquella decisión había que relacionarlos con el hecho de que Siga Correa podría haber actuado también por cuenta del SIDE, servicio secreto argentino que estaba en constante contacto con un movimiento internacional denominado Triple A.[52]

Al mismo tiempo, después de un interrogatorio en el cual María Servini de Cubría interrogó a los ex militares chilenos José Zara Holger y Eduardo Iturriaga Neumann , las investigaciones sobre el caso Prats se extendieron a la esposa de Townley, Mariana Callejas, residente en Chile.[53]

La sustancia de dichos interrogatorios era impresionante. Como lo revelado de inmediato por El Mercurio, "las declaraciones de José Zara Holger acusaban abiertamente a la CIA de estar implicada en el homicidio de Prats". Palabras de fuego las de José Zara Holger, que fueron repetidas tanto a la argentina María Servini de Cubría como al juez chileno Joaquín Billard.[54]

Apoyada por dichos resultados, María Servini de Cubría y Joaquín Billard interrogaron (mejor dicho en una conversación sin valor judicial, como precisaron) al ex general Sergio Arellano Stark, quien en 1973 había dirigido la "caravana de la muerte". Otros interrogatorios fueron hechos en Santiago al general Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, y a su colaborador Pedro Espinoza Bravo. En la ocasión fue confirmado que Michael Townley, durante una conversación en Estados Unidos, le había confirmado a la jueza María Servini de Cubría haber sido el ejecutor material del asesinato de Prats. Pero como Townley, en sus tráficos de doble juego, estaba relacionado tanto con la CIA como con la DINA, la señora María Servini de Cubría, quizás por el protagonismo que está presente en muchos representantes públicos, decidió extender la investigación a Pinochet, bajo la conocida fórmula "no podía no saber".[55]

Y de hecho, en mayo de 2000 María Servini de Cubría le hizo saber al diario La Nación que se encontraba en la necesidad de interrogar a Pinochet sobre la muerte de Carlos Prats y de su esposa.[56]

Si bien, agregó enseguida, se estaba en una situación embarazosa porque de hecho existían importantes secretos de Estado impuestos por Estados Unidos.[57]

En otras palabras, no estaba en condiciones de conocer los hechos, porque estos estaban cubiertos por secretos internacionales, ¡pero relanzaba las acusaciones y pretendía incriminar!

Según las fantasiosas deducciones de María Servini de Cubría, no solamente los asesinatos de Prats (en Buenos Aires) y de Letelier (en Washington) sino también el atentado a Leighton en Roma (sobre el que se hablará más adelante) eran parte de un único plan criminal organizado por la DINA chilena, dentro del llamado Plan Cóndor.[58]

Y esto no es todo. El 5 de octubre de 2000 la magistratura argentina declaró que no era posible aplicar la prescripción de la ley en el caso del homicidio del general Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, porque dicho homicidio, según una extravagante opinión de los jueces de Buenos Aires, se debía calificar como crimen contra la humanidad y por lo tanto no sujeto a prescripción. [59]

Argentina se reservaba, por lo tanto, pedir a Chile la extradición de Augusto Pinochet, de Manuel Contreras Sepúlveda, de Eduardo Iturriaga Neumann, de José Zara Holger y de Pedro Espinoza Bravo y de pedir a Estados Unidos la extradición de Armando Fernández Larios y de Michael Townley. Estaba detenido en Buenos Aires, como ya se ha dicho, Enrique Arancibia Clavel, para quien, si bien había sido excluido por el mismo Townley, la fiscalía pública pedía la cadena perpetua.[60]

Inmediata fue la apelación presentada por Augusto Pinochet, quien negó la posibilidad de clasificar un caso de homicidio como crimen contra la humanidad y que pedía por lo tanto la prescripción que, según la ley argentina, se aplica después de 15 años del hecho.[61]

El caso se volvió aún más complicado cuando el 24 de octubre de 2000 el diario chileno El Mostrador reveló que Carlos Altamirano le había dicho a Carlos Prats, un mes antes, que su vida estaba en serio peligro.[62]

¿Cómo podía Altamirano, líder de la izquierda más intransigente, conocer ciertas cosas? Misterio. Por otro lado, el periodista Federico Willoughby revelaba que había sido avisado con anticipación por el general Pedro Ewing del probable asesinato de Carlos Prats.[63]

El 27 de octubre el magistrado argentino Juan José Galeano renovó el pedido de extradición de Pinochet.[64]

Desde Santiago el magistrado de la Corte Suprema le respondió que el pedido era inaceptable.[65]

El 18 de noviembre de 2000, en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, si bien fue excluido por Townley sobre la muerte de Prats y de su esposa, fue condenado a cadena perpetua.[66]

Sus defensores presentaron un recurso afirmando que la sentencia era arbitraria, sin fundamento y por lo tanto debía anularse.[67]

El pedido argentino de extradición del ex capitán chileno Armando Fernández Larios, residente en Estados Unidos, cayó en el vacío. Y una cierta indiferencia encontraron en Chile los pedidos argentinos para interrogar a las dos ex colaboradoras de la DINA Luz Arce y Marcia Merino, quienes después de 1973, inicialmente arrestadas por actividad subversiva, habían entrado a formar parte de la policía secreta del régimen militar.[68]

Desilusionados frente a tantas dificultades, los magistrados argentinos, esta vez por iniciativa del juez Rodolfo Canicoba Corral, decidieron seguir otras pistas y ampliaron las investigaciones a todas las naciones que participaron en el Plan Cóndor, en el cual, insistieron, se encuadraba el caso Prats. Pedían así la extradición del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que desde 1989 estaba en condición de exiliado político en Brasil, y de los ex oficiales paraguayos Francisco Brites y Néstor Melcíades. A estos se agregaban los ex militares uruguayos Julio Vapora, Jorge Silveira, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Hugo Campos Hermida. No contentos con ello, incriminaron al militar y ex presidente argentino de facto Jorge Rafael Videla (en el poder desde 1976 hasta 1983), al ex general Carlos Guillermo Suárez Mason y al ex ministro del interior Eduardo Albano Harguindeguy. Videla, que estaba bajo arresto domiciliario, comunicó el 20 de junio y el 16 de agosto que no hablaría con el magistrado que lo investigaba.[69]

La única prueba en las manos de Rodolfo Canicoba Corral era una carta del 25 de septiembre de 1975, en la que Manuel Contreras Sepúlveda le agradecía al jefe de la policía de Paraguay "por la colaboración en completar la misión". Misión que, según las deducciones del magistrado argentino, consistía en el secuestro en Paraguay del terrorista Jorge Isaac Fuentes Alarcón, después desaparecido.[70]

Toda la teoría en que se basaban las investigaciones argentinas a propósito del Plan Cóndor (y por lo tanto del asesinato de Prats) fue desmentida en abril de 2001 por el abogado chileno Juan Carlos Manns, defensor de Manuel Contreras Sepúlveda, según el cual el plan internacional no era otra cosa que "un intercambio de información" entre las policías, similar al que existe entre todas las policías conectadas a la Interpol: cosa más que justificada en los años '70, cuando la ola de terrorismo y subversión generada por Moscú se desarrollaba a nivel planetario y sacudía a América Latina.[71]

Pero esto no desanimó al juez Rodolfo Canicoba Corral, quien en mayo de 2001 decidió llegar hasta donde consideraba que estaba la fuente del mal: Estados Unidos. Así, tras haber perdido el sentido de la medida, Canicoba pidió interrogar como "presunto cómplice" del Plan Cóndor al ex secretario de Estado Henry Kissinger, que ni siquiera se tomó el trabajo de responder a dichas acusaciones.[72]

Canicoba no se rindió y dos meses después, hacia finales de julio, renovó el pedido. Esta vez, un anónimo funcionario de la Casa Blanca reaccionó definiendo como "infundadas y ridículas" las pretensiones de la magistratura de Buenos Aires , en un momento en el cual la Argentina tenía otros problemas muy serios que enfrentar, a causa de una grave crisis económica: "Es inaceptable que un ciudadano de Estados Unidos", comentó la Casa Blanca, "pueda arriesgarse en un proceso en el exterior consecuencia de presiones claramente políticas".[73]

Quizás celosa de la notoriedad que había alcanzado el colega Rodolfo Canicoba con su ataque a Kissinger, María Servini de Cubría se puso también en evidencia pidiendo el arresto y la consiguiente extradición a la Argentina de Augusto Pinochet, en relación con el asesinato de Prats y su esposa. También tuvo poca suerte dado que no existe un tratado de extradición entre los dos países, motivo por el cual el ministro de la Corte Suprema chilena Jorge Rodríguez Ariztía rechazó el pedido.[74]

El desfile de los magistrados argentinos continuó (en teoría, para descubrir la retroescena del caso Prats, pero en realidad intentando reescribir la historia mundial de los años '70) con la incriminación, por parte de María Servini de Cubría, de un enésimo hombre de la DINA, Christopher Willke Floel, que se agregó a la larga lista de los indagados.

Para todos la acusación era de "asociación internacional para cometer delitos", obviamente como "crímenes contra la humanidad".

Las pruebas, segón la señora Servini de Cubría, eran tres. Un cierto Carlos Hernán Labarca Sanhueza, chofer de Pinochet, había oído que su jefe expresaba que Prats era un hombre peligroso. Ingrid Olderock, ex agente de la DINA, muerta hace poco, había visto a algunos oficiales de la DINA expresar su alegría por la muerte de Prats. Y el locuaz investigador estadounidense Eugene Propper (ya citado a propósito del caso Letelier) había notado que Manuel Contreras Sepúlveda "temía" que Prats pudiera publicar un libro de memorias. Esto era todo.[75]

El caso Prats, como se ve, muestra todas las características de los casos judiciales destinados a permanecer en vaguedades. La única nota concreta fue la fácil notoriedad alcanzada por algunos magistrados.

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